abril, 2020.

El estudio y la investigación de la corrupción incluidas sus definiciones y las medidas nacionales de respuesta, transparencia y apertura basándonos en nuestro sentido de responsabilidad ética y compromiso por hacer lo correcto y trabajar para encontrar criterios objetivos y científicos para medir la corrupción y que no interfiere de ninguna manera con la actividad judicial, constituye un medio adecuado y eficaz de intercambiar información y conocimiento, al tiempo que se garantiza la seguridad jurídica a la población local, la claridad de la normativa y las instituciones. Además, es importante para enfrentar este terrible flagelo moralmente injustificable de saquear recursos públicos, en todas sus formas y manifestaciones, determinar las prácticas óptimas en materia de prevención y represión (por ejemplo, en el pasado, la única arma utilizada contra la corrupción había sido la “represiva”, es decir, la relacionada con la aplicación de las leyes penales: el derecho penal de la corrupción) y permitir el intercambio de conocimientos sobre estos nuevos institutos, como base para tomar las decisiones con miras a la protección y la promoción de los derechos humanos. La creación de capacidad y una nueva iniciativa de capacitación de dirigentes jóvenes ha pasado a ser cada vez más un componente importante de las actividades desarrolladas por los Estados en el marco de la lucha contra la delincuencia y su prevención. Estamos convencidos de que entender la relación causa-efecto de esta forma particular de delincuencia en las economías, promoviendo la responsabilidad democrática y la puesta en práctica del Estado de Derecho, con vistas a ejercer un control estricto y un seguimiento efectivo de la aplicación de la legislación penal presenta enormes ventajas, porque la lucha contra la corrupción no puede prescindir de un conocimiento más profundo de una represión que funcione de la mejor manera posible; sin embargo, es necesario medir estas intervenciones sin exceder ni desde el punto de vista de la proporcionalidad general del sistema sancionador, ni sobre todo cuestionar los pilares del estado de derecho (R. Cantone). Una sociedad basada en el conocimiento no puede prescindir de recursos cualificados suficientes para estimular la investigación y responder a los objetivos de la gobernabilidad democrática y su puesta en práctica, ni de una  comprensión  apropiada  de sus  causas  subyacentes  -que a menudo es endémica en el propio sistema- y  residen  en  problemas  políticos, atrasos, subdesarrollo, falta de buen gobierno y de derechos humanos, y dificultades relacionadas con las estrategias y métodos tradicionales de prevención y represión, por un lado, y la dificultad de sacar a la luz los hechos corruptos y luego castigarlos, por otro o pagar el terrible precio de un futuro incierto y violento.